El estado consciente del importante aporte de la minería al desarrollo del país, actualizó el marco normativo que regula la inversión social de las empresas mineras y del sector extractivo, quienes a través de la inversión social en actividades agro productivas, proyectos en salud y educación, infraestructura de riego y recursos hídricos etc., vienen trabajando en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones de las áreas de influencia de las actividades mineras y extractivas, siendo esto posible con el involucramiento directo de la comunidad y el estado, a través de la aplicación de políticas abiertas de dialogo, comunicación transparente y cumplimiento de compromisos.